Cien millones. Es el cálculo en el que coinciden los sindicatos CSI-F y Comisiones Obreras sobre el impacto que tendrá en la economía extremeña la retirada de la paga extra de Navidad a los funcionarios. La cantidad se corresponde con lo que dejarían de cobrar los 94.000 empleados públicos que existen actualmente en la región.
El bloque más numeroso de empleados públicos está en la Junta de Extremadura, donde trabajaban 46.674 personas en julio del año pasado, según el último informe del registro central de personal (RCP) del Ministerio de Administraciones Públicas. La cifra incluye a los empleados de la Administración General, el Servicio Extremeño de Salud y el cuerpo de maestros y profesores.
Según CSI-F, el sueldo medio de este colectivo es de 900 euros netos al mes, ya que la existencia de muchos puestos de categorías inferiores hace descender la media de los sueldos. La situación cambia en el caso de la Administración General de Estado, la que depende de Madrid, donde existen muchos puestos con sueldos superiores, especialmente en Justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado. Este colectivo está formado por 14.200 personas en la región. Además, para la administración local (ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones) trabajan 30.600 personas y otras 3.000 para la Universidad de Extremadura.
CSI-F calcula que el coste total de la retirada de la paga superaría los cien millones de euros, puesto que el sueldo medio de un trabajador público es de 1.100 euros netos mensuales en la región.
Los recortes en las distintas administraciones también están afectando a los trabajadores públicos. A la bajada del 5% de media que Zapatero decretó en 2010 han venido sucediendo otras medidas. Por ejemplo, los trabajadores de la Junta de Extremadura trabajan desde el lunes 2,5 horas más a la semana por el mismo salario.
A nivel regional, se han planteado otras medidas de ajuste, como el pago de solo el 50% del complemento carrera profesional, propuesta que finalmente fue rechazada por el pleno de la Asamblea.
Benito Román, presidente de CSI-F Extremadura, considera que «con este hachazo el comercio va a sufrir lo indecible. Si a esto le sumamos la subida del IVA, la conclusión es que nos están empobreciendo hasta un límite incalculable».
Francisco Capilla, de UGT, considera que este recorte es uno más. «En Extremadura este año los trabajadores han sufrido una rebaja salarial superior al 20%». Para él, esta merma supondrá que la recuperación económica se ralentice.
Su sindicato abunda en esta idea al asegurar que la medida busca «una devaluación salarial directa que acompañe a la indirecta que ya está provocando en el sector privado la reforma laboral».
El Gobierno de Rajoy aconseja -porque no tiene potestad sobre ello- que los altos cargos, el personal de libre designación y los parlamentarios autonómicos también se sumen a la medida. En Extremadura, quitar la paga de Navidad a los primeros supondría algo más de un millón de euros. Si los diputados regionales de Extremadura renunciaran también a ella, se ahorrarían otros 240.000 euros, aproximadamente.
Fuentes de la Asamblea aseguraron a HOY que la idea va en línea con lo que viene planteando su presidente Manzano. Sin embargo, será una propuesta que se tenga que adoptar en la Mesa
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